El Comité de Naciones Unidas sobre la Prevención de la Tortura y otros Tratos Inhumanos solicitó este viernes a Uruguay que vele por que la edad mínima de responsabilidad penal establecida sea acorde con las normas internacionales y manifestó su preocupación ante su posible rebaja.

"El Comité expresa su preocupación ante el llamamiento a una consulta plebiscitaria el 26 de octubre de 2014 sobre la propuesta de rebaja de la edad mínima de responsabilidad penal a los 16 años y el enjuiciamiento de jóvenes en conflicto con la ley como adultos en casos de delitos graves, como forma de luchar contra la criminalidad en el Estado parte", según unas conclusiones presentadas hoy.

Añade que "preocupan también al Comité los informes recibidos en los que se señala que el endurecimiento de la legislación penal aplicable a los menores infractores habría supuesto un aumento significativo en el número de menores privados de libertad, con el consiguiente deterioro en las condiciones de detención en los centros del Sistema de Responsabilidad de Adolescentes (SIRPA)".

Este comité analizó el 29 y el 30 de abril pasado la aplicación por parte de Uruguay de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Inhumanos o Degradantes y, ya entonces, varios miembros mostraron su preocupación por el plebiscito.

Ese proyecto recabó más de 350.000 firmas ciudadanas, muchas más de las necesarias, y surgió tras años de quejas por el paulatino deterioro de la seguridad pública, tras la crisis económica de 2002.

Ante la proximidad del referéndum, el comité recuerda que "el Estado parte debe garantizar que su sistema de justicia de menores respete los estándares internacionales en la materia, especialmente las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil".

En particular, los expertos "urgen" a Uruguay a "velar por que la edad mínima de responsabilidad penal establecida sea acorde con las normas internacionales" y a "aplicar la privación de libertad a menores infractores como último recurso y por el periodo más breve posible, y que se revise periódicamente con miras a eliminarla".

Instan a que Montevideo "adopte medidas sustitutorias de la prisión preventiva, siempre que sea posible", y "vele por que las condiciones de detención en los centros de internamiento de menores sean compatibles con la Convención y otras normas internacionales de derechos humanos, garantizando su cuidado y protección, así como su educación y formación profesional".

Respecto a la situación actual, el comité refleja con pesar las cuotas de hacinamiento en los centros de menores y solicita que se "redoblen los esfuerzos" para evitarlo.

Asimismo, pide a Uruguay que "establezca un mecanismo de queja eficaz, independiente y accesible que garantice la investigación pronta, exhaustiva e imparcial de las denuncias de tortura y malos tratos a menores internados en centros del SIRPA".

El comité llama explícitamente a que se vele por que en los presuntos casos de tortura o malos tratos se "suspenda inmediatamente" de sus funciones a los sospechosos mientras dure la investigación.

Asimismo, demanda que se investiguen las presuntas irregularidades que se hayan podido producir en la administración de medicamentos a menores internados.